El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ratifica su compromiso con los trabajadores estatales al ofrecer un aumento salarial escalonado del 7,5% que busca proteger el poder adquisitivo frente a la difícil situación económica nacional.
La propuesta contempla la consolidación del 1,5% otorgado en febrero, sumado a un 5% en marzo y un 2,5% en abril, ambos calculados sobre los haberes de enero. Esta política, que ha sido acordada en principio con la mayoría de los sindicatos que nuclean a los trabajadores bajo la Ley 10.430, demuestra la voluntad de la gestión de Axel Kicillof de sostener el empleo y la dignidad salarial en el sector público.
Los gremios docentes, que también recibieron esta oferta, optaron por someter la propuesta a consideración de sus bases, destacando la participación democrática propia de la militancia gremial comprometida con la defensa de los derechos laborales.
El Gobierno provincial no solo apunta a un aumento general sino que también reconoce las dificultades particulares del sector educativo derivadas de los recortes nacionales. Por ello, propuso una bonificación no remunerativa para compensar los efectos adversos del ajuste sobre el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el ítem Conectividad, además de una bonificación especial para auxiliares de la educación que asegure ingresos más justos y dignos.
Como medida de seguimiento y transparencia, se creó una mesa de monitoreo que se reunirá en mayo para analizar la evolución de las variables económicas y salariales, con el compromiso de reabrir las paritarias en junio para evaluar ajustes adicionales, respondiendo a las necesidades reales de los trabajadores.
El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, destacó la gravedad de la situación económica actual, señalando que el contexto difícil responde a las políticas nacionales que perjudican la producción, el empleo y la recaudación. A pesar de ello, remarcó que la gestión de Kicillof sostiene la prioridad de resguardar a las y los estatales, con políticas activas y solidarias en defensa del salario público.
Este aumento representa una clara señal de la apuesta kirchnerista por la recuperación y el fortalecimiento del Estado, la universidad pública y los derechos laborales, elementos esenciales para las nuevas generaciones y su futuro.
