En diálogo con Todo Provincial, la geógrafa e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Patricia Pintos, advirtió sobre el peligro que implica la reforma de la Ley de Glaciares para la protección del agua y la participación ciudadana.
La investigadora cuestionó la irregularidad en el proceso de la audiencia pública convocada para los días 25 y 26 de marzo, donde más de 60 mil personas se inscribieron para participar. Sin embargo, frente a este número, el oficialismo impuso modificaciones en los criterios de intervención, limitando las exposiciones directas mediante un cupo reducido por jurisdicción y relegando la participación mayoritaria a videos o escritos.
“Esto desvirtúa el espíritu de la audiencia pública, que debe ser un espacio para el intercambio genuino y la escucha plural”, advirtió Pintos, quien señaló además que no hay garantías de que los legisladores examinen todo el material recibido, debilitando la instancia democrática. En respuesta ya se han presentado amparos judiciales para defender la legalidad y la transparencia del proceso.
Reforma al servicio de la megaminería
Pintos sostuvo que la reforma favorece principalmente a los intereses de la megaminería, con foco en la explotación de minerales estratégicos como el litio y el cobre. Uno de los cambios más preocupantes es el traspaso desde organismos técnicos nacionales a las provincias de la definición de áreas protegidas, lo que genera un preocupante retroceso en la protección ambiental y una discrecionalidad que vulnera estándares comunes para todo el país.
“Este debilitamiento pone en riesgo la protección mínima de nuestros recursos naturales”, afirmó la investigadora, destacando la importancia de los glaciares como parte fundamental del sistema hídrico y ambiental.
El agua dulce como recurso esencial
Los glaciares no son solo gigantescos reservorios de hielo, sino garantizan el acceso al agua dulce para miles de comunidades, especialmente en zonas áridas y semiáridas. “Millones de personas dependen de estos sistemas naturales para su subsistencia”, remarcó Pintos, quien también destacó el rol esencial de las zonas periglaciares en el mantenimiento del equilibrio hídrico regional.
Crítica a un modelo extractivo que amenaza el medio ambiente
Sobre la megaminería, Pintos advirtió que es una actividad altamente invasiva, que utiliza cantidad ingente de explosivos, consume grandes volúmenes de agua y energía, y genera contaminación química que impacta negativamente en el ambiente.
“El debate no es si debe haber minería, sino dónde debe desarrollarse”, indicó, señalando que más del 99% del país podría ser explotado sin afectar glaciares. Además, cuestionó la comparación con Chile, donde la explotación minera se realiza en zonas desérticas sin glaciares, y advirtió que no es aplicable trasladar ese modelo a un territorio con particularidades ambientales críticas.
Resistencia desde las provincias y organizaciones sociales
Organizaciones socioambientales de Chubut, Mendoza y otras provincias ya manifestaron rechazo a la reforma, defendiendo el agua y el ambiente. Asimismo, se reflejan preocupaciones en otras jurisdicciones que dependen del agua de deshielo glacial.
“Existe una conciencia ambiental consolidada y activa, que ya demostró su compromiso en la defensa de este recurso vital”, sostuvo la investigadora.
Disyuntiva clave para el futuro
Finalmente, Patricia Pintos planteó que la reforma abre un debate crucial sobre el modelo de desarrollo. “Está en juego la sostenibilidad de la vida. El extractivismo responde a lógicas cortoplacistas que ignoran las consecuencias ambientales para las futuras generaciones”, concluyó, enfatizando la necesidad de priorizar el agua como recurso esencial.
