La Corte Suprema de Justicia de la Nación abrió un importante espacio para abordar la demanda que la Provincia de Buenos Aires, liderada por el gobernador Axel Kicillof, sostiene contra el Gobierno nacional de Javier Milei por el recorte en transferencias destinadas al sistema previsional.
En representación bonaerense participaron el ministro de Economía, Pablo López, junto con el fiscal de Estado, Hernán Gómez, la presidenta del Instituto de Previsión Social, Mariana Moretti, y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.
Al finalizar la audiencia, López destacó la importancia del diálogo: "Gracias a este espacio dispuesto por la Corte pudimos exponer la deuda que el Gobierno nacional mantiene con la Provincia por el sistema jubilatorio, que supera los $2,2 billones".
Compromisos y próximos pasos
Durante el encuentro, el Gobierno nacional se comprometió a avanzar en el análisis del reclamo y se fijó una nueva audiencia para el 21 de abril. López manifestó su esperanza: "Esperamos que para esa fecha se reconozca la deuda y se asuma una solución concreta a este incumplimiento".
El ministro recordó que esta demanda se suma a otras siete acciones que la Provincia mantiene contra Nación, acumulando una deuda por transferencias y obras inconclusas que ronda los $15,6 billones.
Subrayó además: "Desde la gestión de Axel Kicillof seguiremos defendiendo cada peso que merece la Provincia para garantizar servicios esenciales a más de 17 millones de bonaerenses".
Desigualdad en la coparticipación y consecuencias sociales
El conjunto de reclamos incluye recortes en fondos clave como el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el Fondo de Compensación al Transporte del Interior y el Fondo Nacional de Incentivo Docente. La crisis económica agrava esta situación, con una caída notable en la recaudación.
Desde la Provincia destacan que, pese a aportar cerca del 38% de la recaudación nacional, Buenos Aires recibe apenas el 7%, mientras que el Estado nacional retiene cerca del 70% de los recursos, una desigualdad que limita la capacidad para sostener políticas públicas y servicios para la mayoría de la población.
El recorte en las transferencias afecta de manera directa la prestación de servicios básicos a más de 17 millones de bonaerenses, generando un impacto negativo en la calidad de vida y profundizando la presión sobre las finanzas públicas.
