La obra para transformar un tramo de la Ruta Nacional 5 entre Mercedes y Suipacha en autopista volvió a paralizarse, pese a contar con financiamiento internacional. Las empresas contratistas denunciaron incumplimientos en los pagos por parte del gobierno nacional, lo que derivó en la desvinculación casi total de los trabajadores involucrados.
Según informó La Razón de Chivilcoy, la actividad en el obrador cayó drásticamente en las últimas semanas. Tras la suspensión de cerca de 50 empleados en febrero, se desvincularon otros 40 operarios en las semanas recientes; actualmente solo permanece personal para la custodia del lugar y mantenimiento de maquinarias.
El motivo principal de esta paralización es el incumplimiento financiero del Estado nacional. La falta de pago de certificados de obra por trabajos ya realizados forzó a las empresas a reducir progresivamente la actividad hasta detenerla completamente.
La obra prevé convertir en autovía 20 kilómetros de la Ruta 5 (entre los km 104 y 124), con la construcción de una segunda calzada, distribuidores viales, banquinas pavimentadas y puentes a distinto nivel. Si bien fue reactivada en 2022 y mostró avances parciales durante 2023, nunca logró un ritmo constante de trabajo.
El proyecto cuenta con financiamiento externo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con cláusulas que destinan dichos fondos exclusivamente a esta obra.
El referente histórico contra los peajes, Marcelo Suárez, expresó: “Estamos pidiendo una reunión con el Comité de Defensa del Usuario Vial y Ricardo Lasca. Queremos saber si el Gobierno recibió la totalidad del crédito; si la desviaron o se la ‘comieron’, lo cual sería un delito”.
La crítica situación de la Ruta 5
La Ruta Nacional 5 se ubica entre los corredores más peligrosos de la provincia de Buenos Aires, por el alto tránsito de cargas y el estado obsoleto de su traza frente al crecimiento vehicular.
A comienzos de 2023, Vialidad Nacional confirmó la continuidad de los trabajos para equipar 20 kilómetros con vigas en puentes sobre los arroyos Saladillo, Ranchos e Hinojo.
Durante la gestión de Mauricio Macri, la obra formaba parte del esquema fallido de Participación Público Privada (PPP). En el gobierno de Alberto Fernández, esa modalidad fue descartada y se avanzó con licitación directa bajo Vialidad Nacional, con un costo final un 30% menor al previsto en PPP. Sin embargo, con el regreso del gobierno nacional actual, la obra volvió a paralizarse.
