El Departamento Judicial local llevó adelante el operativo más extenso contra la distribución digital de material de abuso sexual infantil en la región, en una contundente respuesta a reportes internacionales. La intervención, denominada “Nueva Era V”, logró detener a cinco sospechosos y detectar a 16 imputados más, incluidos tres menores, tras la realización simultánea de 32 allanamientos.

Los procedimientos se extendieron por diversas localidades del Conurbano, incluyendo González Catán, La Tablada, Aldo Bonzi, Virrey del Pino, Lomas del Mirador, Rafael Castillo, Ramos Mejía, Isidro Casanova, San Justo, Gregorio de Laferrere, Villa Celina y Villa Luzuriaga, coordinados por expertos en ciberdelitos y trata de personas de la Policía Bonaerense.
Durante la pesquisa destacó la revisión de la vivienda de un efectivo policial, vinculado inicialmente por un número telefónico detectado en plataformas de videojuegos, pero cuyo análisis de dispositivos y redes sociales encargó su desvinculación de las actividades ilícitas investigadas.
El operativo tuvo lugar el 18 de febrero bajo la conducción de la Ayudantía Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas y Pornografía Infantil, liderada por la fiscal Lorena Pecorelli, y contó con la intervención de seis jueces de garantías que avalaron los procedimientos.
La investigación surgió a partir de alertas del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), que identificaron usuarios distribuyendo masivamente material de abuso desde territorio nacional.
Gracias a estos informes, las autoridades pudieron armar un mapa detallado de conexiones y domicilios, combinando análisis digitales con trabajo de campo para desarticular estas redes criminales.
Entre los elementos secuestrados se encuentran 46 teléfonos celulares, 12 computadoras, una tablet, nueve dispositivos de almacenamiento, un chaleco antibalas sin numeración y juguetes sexuales, además de publicaciones temáticas que serán clave en las pericias para profundizar las investigaciones.
Uno de los logros más relevantes fue la identificación y rescate de al menos dos menores víctimas de explotación sexual, más un tercero en proceso de reconocimiento, activándose inmediatamente los protocolos de protección y contención infantil.
La pesquisa reveló que las operaciones ilegales incluían producción, almacenamiento, venta y distribución de material de abuso, con alcance nacional e internacional.
Se detectaron vínculos transnacionales con operadores ubicados en otras naciones, poniendo en evidencia la gravedad y alcance global de estas redes.
En un comunicado oficial se destacó que el operativo representa un importante avance en la lucha contra estructuras delictivas, fortaleciendo la identificación de responsables y la protección de la niñez.
Esta acción se inscribe en el compromiso estratégico de nuestras instituciones por defender los derechos de infancia y combatir la complejidad de delitos en la región.







