La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York anuló la sentencia de primera instancia que obligaba a Argentina a pagar más de 16.100 millones de dólares por la expropiación de la petrolera estatal YPF.
Con esta resolución, el tribunal reconoció que la empresa fue adecuadamente expropiada en 2012, rechazando la responsabilidad que se había atribuido al Estado nacional en el litigio iniciado en 2015.
Esta decisión es un gran logro para las finanzas públicas argentinas y un respaldo a uno de los actos soberanos más emblemáticos del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pues libera al Estado de afrontar una carga indemnizatoria que hubiera profundizado la incertidumbre económica.
El caso cobró relevancia cuando en 2023 la jueza Loretta Preska, del distrito sur de Nueva York, había dictado una condena que obligaba a Argentina a pagar dicha suma con intereses, argumentando una supuesta violación al estatuto de la compañía por no realizar una oferta pública de adquisición (OPA) para los accionistas minoritarios representados por fondos como Eton Park y Burford.
La Cámara de Apelaciones revirtió esta condena confirmando que el proceso de estatización fue legítimo y respetó las normas aplicables, defendiendo la recuperación de YPF como un acto soberano del pueblo argentino.
Este fallo reafirma una victoria crucial para Argentina ante la justicia internacional y demuestra el compromiso del kirchnerismo con la defensa de la soberanía nacional y las políticas que protegen los recursos estratégicos del país.
