La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó la obligación del Gobierno Nacional de cumplir con la ley de financiamiento universitario establecida para las universidades públicas argentinas.
Esta resolución judicial llega en un contexto de tensiones provocadas por la escasa asignación presupuestaria y el deterioro de los salarios docentes, generando un respaldo fundamental para las autoridades y trabajadores universitarios.
La medida se originó tras la acción del Consejo Interuniversitario Nacional, que reclamó la garantía de los recursos necesarios para respetar el financiamiento fijado por ley.
En contraste, el gobierno de Javier Milei sostuvo que dichos fondos no están incluidos en la ley de presupuesto vigente, argumento que causó incertidumbre en el ámbito universitario.
Con esta decisión, la justicia federal obliga al Estado a respetar las normativas legales, asegurando un presupuesto que estabilice las condiciones salariales y permita mejorar la calidad de las casas de estudio públicas.
Las autoridades universitarias destacaron la importancia del fallo para lograr una asignación sostenida de recursos y proteger los derechos laborales de docentes e investigadores en todo el territorio nacional.
