La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la obligación de actualizar salarios y becas en las universidades nacionales conforme a la Ley de Financiamiento Universitario sancionada en 2025, rechazando la apelación del Gobierno nacional.
Este fallo representa un avance crucial en la defensa del sistema universitario público, ratificando la vigencia plena de la legislación aprobada por el Congreso en agosto de 2025 y ratificada en octubre tras superar el veto presidencial.
La Sala III del tribunal, con el apoyo de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, respaldó la medida cautelar que ordena la aplicación inmediata de los artículos clave de la norma. La resolución exige avanzar en la actualización salarial para docentes y personal no docente, así como la recomposición justa de las becas estudiantiles.
Según el fallo, el proceso legislativo que avaló la ley limita al Poder Ejecutivo en postergar o dilatar su implementación, declarando inaplicable un decreto previo que intentaba frenar sus efectos.
Los artículos 5 y 6 de la ley resultan esenciales: el artículo 5 establece que los salarios universitarios deben ajustarse con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC desde diciembre de 2023, para evitar la pérdida del poder adquisitivo ante la inflación; mientras que el artículo 6 determina una actualización equivalente para los programas de asistencia estudiantil, protegiendo el valor real de las becas.
Los magistrados destacaron que las acciones del Gobierno para demorar la aplicación de la ley mediante decretos de menor jerarquía contravienen principios constitucionales, afectando la división de poderes y el sistema republicano de gobierno.
Esta medida cautelar surge de una presentación judicial realizada en diciembre de 2025 por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a organizaciones académicas, que promovieron un amparo para garantizar la vigencia y aplicación efectiva de una ley fundamental para sostener la universidad pública en un contexto inflacionario.
El fallo judicial se produce en un contexto de tensión entre el Gobierno y las universidades nacionales, que vienen advirtiendo sobre la pérdida del poder adquisitivo de salarios y la insuficiencia presupuestaria. Con esta decisión, la Justicia refuerza la obligación del Estado de garantizar el financiamiento universitario previsto por ley, fundamental para la educación pública y el futuro de las nuevas generaciones.
