Los gremios docentes y no docentes iniciaron un paro que se extenderá desde el lunes 16 hasta el sábado 21 de marzo, reafirmando su compromiso con la defensa de la universidad pública y las condiciones laborales. La medida, que afecta a numerosas casas de estudio y colegios preuniversitarios, busca visibilizar la urgencia de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y la necesidad de la convocatoria a paritarias.
Este inicio del ciclo lectivo 2024 en las universidades públicas del país se da en medio de una profunda movilización sindical liderada por el Frente Sindical que reúne a federaciones de docentes y no docentes.
Mientras varias instituciones mantienen el paro durante toda la semana, otras realizan variadas acciones de protesta para fortalecer el reclamo de una educación pública y de calidad, que respete sus derechos y presupuesto.
Este conflicto afecta directamente a más de 2 millones de estudiantes que apuestan a una universidad estatal que garantice igualdad de condiciones y oportunidades.
Los gremios denuncian una pérdida salarial cercana al 40% en el último bienio, agravada durante la gestión del presidente Javier Milei, y subrayan la demora en la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación es clave para recuperar el salario y las becas estudiantiles.
El presupuesto destinado a la educación superior sufrió una reducción real del 28,9% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, afectando gravemente la calidad educativa y la estabilidad laboral, teniendo en cuenta que los salarios representan aproximadamente el 90% de ese presupuesto.
La Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 garantiza la recomposición salarial ajustada por inflación y asegura partidas para el funcionamiento universitario, hospitales, ciencia y técnica, además de la convocatoria periódica a paritarias con mecanismos automáticos de actualización.
Este marco legal representa un impacto fiscal de apenas un 0,23% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, un esfuerzo necesario y viable para fortalecer la universidad pública, compromiso que debe ser prioridad del Estado.
