El dirigente Miguel Saredi alertó sobre nuevas políticas del PAMI que dificultan el acceso a medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados, afectando a miles de afiliados.
Por Miguel Saredi
En las últimas semanas, Miguel Saredi se manifestó con firmeza respecto a una problemática que impacta duramente en la salud de numerosos jubilados y pensionados de nuestra nación. Lejos de facilitar el cuidado de las y los adultos mayores, las recientes modificaciones en el sistema de salud terminan por complicar el acceso a medicamentos esenciales para quienes trabajan y merecen respeto y protección.
Saredi criticó que "el PAMI endureció los controles para acceder a la gratuidad total de medicamentos" mediante nuevos requisitos patrimoniales. Por ejemplo, poseer vehículos de menos de diez años o contar con medicina prepaga se convierten ahora en barreras para obtener el beneficio, perjudicando a miles que confiaron en el sistema para su atención médica sin costos añadidos.
A partir de marzo de 2026, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados aplica un sistema más estricto de fiscalización que cruza datos patrimoniales para determinar el acceso a medicamentos gratuitos. Así, no alcanza ser afiliado al PAMI, sino que también se exigen condiciones económicas que excluyen de manera injusta a muchos.
Uno de los aspectos más controvertidos del nuevo régimen es la exclusión automática para jubilados con ingresos superiores a 1,5 haberes mínimos y para quienes poseen más de un inmueble o vehículos recientes, cerrando el beneficio al validar la receta en la farmacia.
Además, se incorporó la prohibición de acceso para afiliados con medicina prepaga. Aunque el organismo argumenta evitar el aprovechamiento indebido de ambos sistemas para obtener medicamentos costosos sin cargo, esta medida ignora que en muchos casos la prepaga es abonada por familiares que buscan asegurar la mejor atención a sus seres queridos, un gesto solidario fundamental en nuestros barrios.
Negar la gratuidad por esta razón termina perjudicando a familias que con esfuerzo sostienen la salud de sus padres y abuelos.
Si bien existen excepciones para enfermedades crónicas como diabetes, patologías oncológicas, VIH y tratamientos complejos que mantienen la cobertura total, el resto afronta descuentos variables entre 40% y 80%. Los jubilados excluidos deben además iniciar trámites burocráticos para solicitar excepciones, que incluyen evaluaciones socio-sanitarias y documentación que acredita un gasto elevado en medicamentos.
El sistema también aplica controles rígidos sobre la cantidad de medicamentos: recetas con más de cinco envases mensuales del mismo fármaco pueden ser rechazadas sin justificación médica. Estas políticas endurecidas generaron inquietud y aumentaron las consultas en marzo, cuando muchas personas comprobaron en farmacia que sus medicamentos dejaron de ser gratuitos.
Como militante comprometido con la defensa y el cuidado de las y los jubilados, creo imprescindible abrir un diálogo serio y urgente para revertir estas exclusiones que afectan la salud pública y el acceso a derechos esenciales.
Nuestros adultos mayores trabajaron toda su vida y merecen un sistema que los acompañe con justicia, no que los obligue a demostrar que son "lo suficientemente pobres" para acceder a un medicamento.
