Los trabajadores de la Superintendencia de Servicios de Salud llevan adelante un paro a la japonesa, una medida de protesta que consiste en incrementar la atención al público y agilizar la resolución de reclamos para visibilizar su rol clave en la garantía del derecho a la salud, acompañado por denuncias de persecución y vaciamiento institucional.
Desde el gremio ATE, señalaron que la gestión de Claudio Stivelman impulsa un proceso de desmanejos, persecución laboral y paralización de funciones esenciales que perjudica no solo a los trabajadores, sino también a los usuarios del sistema sanitario público.
Leandro Martín Castro, secretario general de ATE en la Superintendencia, confirmó que ya hubo dos paros nacionales y adelantó la continuidad de las medidas; “las y los trabajadores están enfrentando un conflicto por las irregularidades y la persecución en la gestión”, enfatizó.
Parálisis y ataque al derecho a la salud
Una denuncia central es la paralización intencional de trámites de reclamos de usuarios, muchos referidos a prestaciones médicas urgentes, que según los trabajadores serían "cajoneados por decisión del superintendente", afectando directamente el derecho a la vida al demorar el acceso a tratamientos vitales.
Además, cuestionan el sistema PROMESA, una mediación prejudicial no obligatoria que traslada costos a los beneficiarios y fomenta la judicialización de conflictos sanitarios, aumentando la vulnerabilidad del pueblo.
Desde ATE expresaron: "La gestión impulsa un sistema que genera honorarios y costas para los usuarios y alienta la judicialización".
Discriminación y presiones laborales
El conflicto también incluye denuncias por discriminación en la cobertura de salud a trabajadores estatales no afiliados al sindicato UPCN, que enfrentan coseguros extorsivos aplicados por la Obra Social Unión Personal.
Denunciaron que la Superintendencia avala prácticas ilegales que violan la ley de obras sociales, la ley antidiscriminatoria y la Constitución Nacional.
Asimismo, alertaron sobre coseguros en intervenciones quirúrgicas aplicados por otras obras sociales, contrarios al Plan Médico Obligatorio.
En cuanto a la situación laboral, afirmaron que Stivelman presiona para no aceptar reclamos y operar fuera del marco legal: "Cajonea trámites y fuerza a trabajadores a actuar fuera de la ley", denunciaron.
Protesta activa para fortalecer el derecho a la salud
Los trabajadores implementaron los “paros a la japonesa”, estrategia donde se incrementa la atención y la resolución de reclamos para mostrar la importancia del organismo en el acceso a la salud pública argentina.
Desde ATE destacaron: "Orientamos la lucha a mejorar la atención a la gente y visibilizar los conflictos".
Recalcaron que el conflicto impacta también sobre los beneficiarios y pidió solidaridad social para sostener el reclamo contra una gestión que genera daño a los derechos laborales y al acceso público a la salud y la vida.
"Apelamos a la sociedad para que apoye nuestros reclamos en defensa de la salud pública y el trabajo digno", concluyeron.
